SOBRE LA REFORMA DE LA LEY DE EXTRANJERIA

CÁRITAS, CEAR Y ACOGE: «CON ESTA REFORMA DE LA LOEX RETROCEDEN LOS DERECHOS DE LOS INMIGRANTES»
Madrid, 16/09/2009

Madrid, 16 de septiembre de 2009.- Cáritas, CEAR (Comisión Española de Ayuda al refugiado) la Red Acoge han celebrado esta mañana una rueda de prensa conjunta en Madrid para explicar las razones por las que se oponen a la reforma de la Ley de Extranjería (LOEX), cuya propuesta se debate mañana, 17 de septiembre, en el Congreso de los Diputados, y que, como aseguran estas tres organizaciones, “nos afecta a todos, ya que pone en riesgo el futuro de inclusión que perseguimos, limita seriamente los derechos fundamentales de los migrantes y supone un retroceso en la construcción de un verdadero espacio de libertad, justicia y convivencia”.

Las objeciones de CEAR, Acoge y Cáritas a la reforma se detallan en un amplio argumentario que, bajo el título “Con esta LOEX perdemos todos: nuestra sociedad retrocede y también los derechos de los inmigrantes”, fue presentado esta mañana en Madrid por Alfredo Abad, secretario general de CEAR; Begoña Santos, directora técnica de Red Acoge; y Ana Abril, coordinadora del Area de Análisis y Desarrollo Social de Cáritas Española.

En ese documento, que comienza recordando las recomendaciones aportadas por estas tres instituciones a los poderes públicos en el proceso de puesta a punto de esta reforma --participando tanto en la ponencia que ha elaborado el dictamen sobre la reforma como en las Comisiones Jurídicas que han revisado las enmiendas--, se identifican serias objeciones al proyecto de reforma aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 26 de junio.

Momento poco oportuno

En primer lugar, CEAR, Acoge y Cáritas consideran poco oportuno el momento elegido para acometer esta reforma, ya que el legislador “debería haber tenido en cuenta el especial contexto socioeconómico por el que atraviesa nuestro país y los riesgos de que se realicen lecturas inadecuadas de una reforma dirigidas a vincular de manera simplista, y peligrosa, crisis e inmigración”. Junto a ello, consideran que no ha habido “un suficiente y adecuado proceso de consulta previo” y expresan su sorpresa ante el procedimiento escogido para su tramitación parlamentaria sea por la vía urgente, que limita el período para la presentación de enmiendas, y que se haya hecho coincidir con el período estival.

Recorte de derechos y retroceso legal

“Examinando con detenimiento los dos argumentos principales que se han presentado para justificar la reforma --los imperativos de las sentencias del Tribunal Constitucional y de la normativa europea-- no encontramos explicación para el recorte de derechos que se ha introducido”, se asegura en el documento. En este sentido, aunque Acoge, Cáritas y CEAR valoran de forma positiva “que se reconozcan los derechos de asociación, reunión, sindicación y huelga a los extranjeros en situación irregular”, alertan sobre el hecho de que “el proyecto aproveche esta ocasión para recortar otros”, especialmente en lo que se refiere al acceso al empadronamiento, el derecho a la educación, el acceso a la vivienda y a los servicios sociales y sanitarios básicos, el acceso al derecho a justicia gratuita o la reagrupación familiar. A todo ello se añade también las serias restricciones que se introducen en el funcionamiento de los centros de internamiento para extranjeros y en el régimen sancionador para el migrante y el empleador.

Otro tanto sucede con la trasposición de la normativa europea a las leyes españolas, que para Cáritas, CEAR y Acoge se lleva a cabo “restringiendo derechos” en contra de la política de la UE, que “no obliga a ningún recorte de derechos”.

Para estas tres entidades, el Proyecto de reforma supone un retroceso legal en toda regla por cuatro motivos fundamentales: la política de inmigración se regula respondiendo a la crisis, se cambia la normativa a la baja en cuanto a garantía de derechos, refuerza la percepción del inmigrante como mercancía y, por tanto, se dificulta la integración y alimenta una percepción que estigmatiza al inmigrante, en especial al que está en situación administrativa irregular.

Construir una sociedad de acogida y evitar el riesgo de xenofobia

“No existe delito alguno, ni el migrante es un delincuente”, recuerdan CEAR, Acoge y Cáritas, que defienden una reforma entendida como una oportunidad para alcanzar tres objetivos prioritarios: construir una mejor sociedad de acogida en una coyuntura de especial dificultad, que propicie un consenso social orientado a alcanzar un Pacto de Estado sobre el hecho migratorio y que permita asentar las bases para un nuevo modelo de sociedad abierta a los valores de la diversidad, la solidaridad, la participación y la integración.

Al mismo tiempo, estas tres instituciones apuestan por una reforma de la LOEX que sirva para, por una parte, enviar a Europa “un mensaje de cohesión social en tiempos de crisis, un mensaje positivo y coherente con los principios del Estado de Derecho, de la extensión universal de los derechos, de la integración y la cohesión plural”. Y, por otra, para transmitir “a nuestra sociedad un mensaje integrador de alerta contra la xenofobia y el racismo, que ataje el riesgo cada vez más visible de incremento de racismo y xenofobia, de utilización, una vez más, al inmigrante como chivo expiatorio en tiempos de crisis”.

Durante la rueda de prensa se informó que, hasta la fecha, han hecho públicas sus adhesiones al documento conjunto de CEAR, Acoge y Cáritas las organizaciones USO (Unión Sindical Obrera) y la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE), que representa a más de 400 entidades de todo el Estado.