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26 de febrero de 2010

Cáritas sobre inmigración

SERVICIO DE NOTICIAS
Nº 1.300 – 25 de febrero de 2010

CÁRITAS ALERTA SOBRE LOS INTENTOS DE INVISIBILIZAR
A LOS INMIGRANTES EN SITUACIÓN ADMINISTRATIVA IRREGULAR
Cáritas. 25 de febrero de 2010.- Ante la polémica surgida en la opinión pública sobre la negativa de diversos Ayuntamientos de empadronar a extranjeros en situación administrativa irregular, que ha ido acompañada de un cruce de informes, apoyos y críticas tanto por parte de los representantes de los poderes públicos como de los medios de comunicación y de numerosas organizaciones sociales, Cáritas desea aportar, desde su larga trayectoria de trabajo en este ámbito, una reflexión más profunda de un fenómeno que afecta a unos seres humanos que viven en condiciones especialmente precarias y vulnerables.

El registro en el padrón, una obligación y un derecho
Las dificultades que en algunos territorios del Estado encuentran las personas migrantes para ser empadronadas eran bien conocidas antes de que surgiese la actual polémica, una cuestión sobre la que siempre Cáritas ha recordando que el padrón, en cuanto registro administrativo donde deben estar registradas todas las personas que viven en nuestro país, es también una herramienta estadística que sirve para ajustar las políticas sociales. Este registro continuo constituye no sólo un derecho para los ciudadanos, ya sean españoles o extranjeros, sino también una obligación para las Administraciones locales, que deben velar porque el padrón sea un reflejo fiel de la población real de cada municipio.
En el caso de los extranjeros no comunitarios, esta obligación cobra especial relevancia porque es la puerta de entrada al ejercicio de una serie de derechos que la ley les reconoce, con independencia de su situación administrativa.
Por tanto, es necesario recordar que la inscripción de los extranjeros en el padrón municipal es procedente, con independencia de que esas personas tengan o no autorización de residencia en territorio español, y que, a efectos de trámite de sus solicitudes de inscripción en el padrón, debe entenderse y considerarse como válido y suficiente un pasaporte.

“Pisos patera” y acceso a la vivienda
Junto a la polémica sobre el acceso al padrón ha salido también a la luz el fenómeno de los llamados “pisos patera”, una realidad bien conocida por Cáritas desde hace bastante tiempo sobre la que ahora se anuncia la intención de modificar las condiciones de habitabilidad de una vivienda para establecer la superficie habitable por persona y, por tanto, cuántas personas pueden ser empadronadas en un mismo domicilio. Asimismo, se baraja la posibilidad de sancionar al arrendatario que permita situaciones de hacinamiento.
Cáritas ha manifestado en repetidas ocasiones su rechazo al fenómeno de las “camas calientes” y de los “pisos patera”, que guarda una relación muy estrecha con una grave realidad social como es la falta de vivienda y la dificultad de acceso a la misma. Debe señalarse que en España todas las Administraciones públicas tienen competencias propias en material habitacional, por lo que todas ellas tienen responsabilidad directa a la hora de promover y garantizar el derecho de acceso a una vivienda digna y adecuada, sobre todo para aquellas personas en situación de desventaja social.
Recordamos que ya en el año 2001 fueron censadas 1.447.880 familias que habitaban en infraviviendas, lo que pone en evidencia que las dificultades de acceso a la vivienda y los problemas de hacinamiento no son realidades generadas por los recién llegados, sino más bien una consecuencia directa de un modelo de crecimiento que excluye a muchas personas del acceso a una vivienda digna.

Impedir su condición de vecinos
A la luz de estos hechos, Cáritas, que basa su trabajo en la promoción y la defensa de la dignidad humana de la persona, recuerda que el inmigrante irregular tiene derechos y no puede ser invisibilizado. Al obstaculizar su acceso al padrón, sólo se está intentando que estas personas dejen de existir en las estadísticas, sin que por ello dejen de vivir entre nosotros. Lo que está en juego es el acceso a los derechos básicos de los inmigrantes en situación irregular, a quienes, por ley, se les reconocen los derechos de salud, educación, reunión, manifestación, huelga o sindicación, pero a los que se pretende impedir su condición de vecinos.
Tras este debate sobre el empadronamiento, urge alertar que los problemas para los inmigrantes sin papeles siguen intactos y que persiste un grave déficit en recursos y políticas públicas capaces de resolver las necesidades sociales de una parte importante de la población.
Como ya señaló en su día el VI Informe FOESSA (2008), las últimas décadas de crecimiento económico no han repercutido en una disminución de los niveles de pobreza en España. Y si esta realidad de desigualdad social se agudiza a causa de la crisis económica, no es por culpa de la población inmigrante. Existiría una calculada intención de distracción si se intentase responsabilizar a los que han venido de fuera del deterioro de nuestro bienestar, el cual se recuperaría “limpiando” el padrón o eliminando los “pisos patera”. Con estos mensajes estamos sembrando en nuestros barrios y comunidades la semilla de la xenofobia y del racismo, y de nuevas formas de rechazo y exclusión social.

PROPUESTAS
A la luz de este debate, Cáritas reitera su apuesta por impulsar un amplio consenso social orientado a alcanzar un Pacto de Estado sobre el Hecho Migratorio, que siente las bases para un nuevo modelo de sociedad abierta a los valores de la diversidad, la solidaridad, la participación y la integración en los ámbitos nacional, autonómico y local.
Junto a ello, es urgente asegurar el acceso a los derechos sociales básicos para todas las personas que viven entre nosotros, utilizando el padrón continuo para conocer de manera fiable y segura la residencia de los beneficiarios. No podemos ignorar que abordar los retos y desafíos de la inmigración implica ir más allá de las políticas de extranjería y apostar por el desarrollo de políticas de integración.
Asimismo, es necesario, por una parte, identificar los problemas que están en el origen de muchos problemas de integración, como son la falta de vivienda y la dificultad de acceso a este derecho, y la ausencia de una adecuada articulación entre las políticas locales, autonómicas y estatales, y, por otra, aumentar la inversión en las políticas sociales de acceso a derechos básicos en todos los niveles, pero especialmente en aquellos más cercanos a las personas.
En el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social, en cuyo primer semestre nuestro país asume la presidencia de la UE, Cáritas anima a los poderes públicos a liderar un modelo de sociedad española y europea auténticamente inclusiva e integradora.

Prensa: Marisa Salazar (619.26.89.39) y Angel Arriví (91 444.10.16 – 619.04.53.81)

Cáritas Española –
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